Comisión de propiedad intelectual: qué es y cuáles son sus funciones

La Comisión de Propiedad Intelectual se encarga de la mediación, arbitraje, determinación de tarifas, control de tarifas y la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.

¿Qué es la Comisión de la Propiedad Intelectual?

La Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) es un órgano colegiado de ámbito nacional, adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte. Se trata de un órgano administrativo que no forma parte de la estructura orgánica del Ministerio.

Cuáles son las funciones de este organismo

Las funciones de la CPI se centran en las labores de mediación, arbitraje, determinación de tarifas, control de tarifas y la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual. Asimismo, desarrolla funciones de asesoramiento sobre asuntos de su competencia que puedan ser consultados por el Ministerio de Cultura y Deporte.

La CPI actúa por medio de dos secciones:

• Sección Primera, que desarrolla funciones de mediación, arbitraje, determinación de tarifas y control.

• Sección Segunda, que vela por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual, frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información.

Funciones de mediación y arbitraje

La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (SPCPI) es un órgano colegiado de ámbito nacional, constituido como regulador del mercado de derechos de propiedad intelectual.

Se constituye como la sede en la que resolver, en vía administrativa, los conflictos que surgen entre las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y los usuarios de los mismos, con el objetivo de lograr un justo equilibrio que asegure la protección y el desarrollo de las industrias culturales.

Salvaguardar los derechos

La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, por su parte, vela por la salvaguarda de los derechos de propiedad Intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de la información, siempre que éstos, de forma directa o indirecta, actúen con ánimo de lucro o su actividad haya causado, o pueda causar, un daño patrimonial a los titulares de derechos.

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